Empresas y particulares tratan a diario con las autoridades públicas para obtener licencias y autorizaciones, participar en licitaciones o afrontar inspecciones y sanciones. Las decisiones de estas autoridades pueden repercutir directamente en las inversiones y en la actividad.
Asesoramos a nuestros clientes en su relación con las autoridades públicas y los representamos en procedimientos administrativos. Nuestro trabajo abarca las licencias y autorizaciones, la contratación pública y las concesiones, los procedimientos regulatorios, las multas y sanciones administrativas, la expropiación y los recursos de anulación y de indemnización ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.
Alcance de los servicios
- 01Licencias, permisos y autorizaciones
- 02Contratación pública y procedimientos de licitación
- 03Concesiones y colaboración público-privada
- 04Procedimientos regulatorios e investigaciones
- 05Multas y sanciones administrativas
- 06Expropiación y cuestiones urbanísticas
- 07Recursos de anulación y recursos de plena jurisdicción
- 08Representación ante los tribunales de lo contencioso-administrativo
- 09Cualquier otra cuestión de derecho administrativo
Cómo trabajamos
Seguimos de cerca los procedimientos administrativos desde la primera solicitud, de modo que el expediente respalde la posición del cliente si surge un conflicto. Cuando una decisión debe impugnarse, actuamos dentro de plazo y construimos el caso sobre fundamentos tanto procedimentales como de fondo.
Preguntas frecuentes
Por lo general, las decisiones administrativas pueden impugnarse mediante recursos administrativos o ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. Los plazos aplicables suelen ser breves, por lo que la decisión debe revisarse en cuanto se notifica.
Un recurso de plena jurisdicción es una reclamación de indemnización por los daños causados por un acto o una actuación de la Administración. Puede interponerse de forma independiente o junto con un recurso de anulación, en función de la ley aplicable.
Los plazos para interponer recursos administrativos y contencioso-administrativos contra las decisiones administrativas suelen ser breves y comienzan a correr desde la notificación de la decisión. Por ello, la decisión debe revisarse de inmediato.
Los tribunales pueden acordar la suspensión de la ejecución cuando la decisión es manifiestamente ilegal y su ejecución causaría daños de difícil o imposible reparación. Esta solicitud suele presentarse junto con el recurso.
En función de las normas aplicables, el licitador puede presentar una reclamación ante el órgano de contratación, acudir al órgano encargado de resolver los recursos y, en su caso, interponer un recurso judicial. En cada fase rigen plazos estrictos.
Sí. Cuando un acto o una actuación de la Administración causa un daño, puede reclamarse una indemnización a través de los procedimientos administrativos y judiciales adecuados, con sujeción a las condiciones de la ley aplicable.